Salas de consumo de drogas: el viraje progresista de la administración Peñalosa

Los argumentos de Mejía para la dispensación de droga son los mismos a los que acudió Petro cuando habló de marihuana. Las mafias se alimentan del uso de drogas de los habitantes de calle, que a su vez delinquen para conseguir las sustancias y que el Estado debe poder proveer la droga de manera controlada.

Ayer, en un evento de la FIP, El Centro de estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes y Elementa, el Secretario de Seguridad de Bogotá,  Daniel Mejia, sufrió una metamorfósis bastante afortunada para quienes trabajamos por los derechos de los habitantes de calle usuarios de drogas.

Se vio un hombre mesurado que aceptó, entre otras cosas, el aumento de los hurtos, la no obligatoriedad de internamiento para tramiento de habitante de calle y, lo más importante, la necesidad de tener una estrategia de reducción de daños para habitantes de calle usuarios de drogas: las salas de consumo supervisado. Claro, fue enfático en la necesidad de que la norma se ajuste, por lo que ponderó el proyecto de ley del representante a la cámara Samuel Hoyos, también presente, que busca la creación de estos centros en Colombia.

A este evento también asistió el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, representantes del Ministerio de Justicia,  de la secretaría de salud de Cali, de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, de la sociedad civil, expertos independientes  y dos invitados internacionales: Tony Duffin de Irlanda, experto en dispositivos de bajo umbral y reducción de daños y sargento Trevor Herrmann, comandante de policía de Vancouver donde hay una sala de consumo supervisado en el centro. El Secretario de Salud de Bogotá, que estaba invitado al primer panel, no asistió.

La Silla Vacía tiene en su “detector de mentiras” el tema de las salas y, debo decirlo, estas declaraciones del secretario no son sino buenas noticias para quienes venimos abogando por un cambio en la política de drogas y, sobre todo, por una atención digna y completa a los habitantes de calle de la ciudad.

Para poder tener una perspectiva amplia sobre el tema, conviene revisar lo que suscita este tipo de propuestas tan polémicas y sobre todo, cuando la posición de la alcaldía -afortunadamente- sufre un giro tan radical hacia lo que se venía afirmado frente a las estrategias de reducción de daños propuestas por el anterior alcalde, Gustavo Petro.

Primero, el mismo secretario Daniel Mejia, antes de posesionarse en noviembre de 2015, anunció el cierre de los Centros Móviles de Atención a Drogodependientes creados por la administración anterior por, como él mismo afirmó, carecer de evidencia y evaluación: 

Para mi no es claro qué entendía Mejía por CAMAD en su momento. Tal vez, él pensó que se trataba de espacios en donde se le dispensaba marihuana a los habitantes de calle, que se trató también de una propuesta de Petro para tratar adicciones al basuco que, en efecto, no cuenta con evidencia científica -a parte de unos estudios que muestran los efectos positivos del cannabis con usuarios de crack, por ejemplo- como manifestó en entrevista a Semana, unos días después de la intervención en el Bronx: 

Muchas personas piensan también hoy que los CAMAD tenían dicha estrategia, pero se trataba de un dispositivo de salud de bajo umbral -pocas barreras de acceso-para usuarios de drogas habitantes de calle que en general tienen más barreras que el resto de la población para acceder al derecho a la salud.

Este tipo de estrategias  cuentan con extensa evidencia disponible en la literatura sobre la reducción de daños. Por ello no son claras las razones “técnicas” en este sentido que llevaron a su cierre cuando, el BID incluso, dejó opiniones positivas del programa.

Ahora bien, el ex alcalde finalmente no llevó a cabo las salas de consumo supervisado donde pretendía dispensar cannabis -lo que produjo diversas críticas como la del secretario Mejía- entre otras razones, porque la Fiscalía no produjo el concepto necesario para que pudiera hacerse de manera legal.

Tal y como afirma el hoy secretario de seguridad, hay límites legales para implementarlas y por ello el proyecto del representante Samuel Hoyos, ha sido tan bien recibido por todas aquellas organizaciones que trabajamos temas relacionados con la reducción de daños, aunque si bien es interesante conviene revisarlo en detalle.

Pero, pareciera que, para el secretario, el principal obstáculo ahora se retirara para poder implementar estrategias como estas: el legal. Él apoya la estrategia legislativa basada en la evidencia como afirmó hoy en su cuenta de twitter: “cualquier iniciativa legislativa basada en evidencia rigurosa que provea herramientas para atender la adicción a las drogas debe ser bienvenida”.

En cuanto a los argumentos para la dispensación de droga -marihuana o basuco como propone ahora Mejía- son los mismos a los que acudió Petro. Las mafias se alimentan del uso de drogas de los habitantes de calle, que a su vez delinquen para conseguir las sustancias y que el Estado debe poder proveer la droga de manera controlada.

Para un caso se hablaba de marihuana, hoy se habla de basuco del que, hay que decirlo, tampoco conozco la existencia de evidencia científica rigurosa disponible. Esto no importa, si al que le importaba -al secretario- parece que ahora no tanto. Lo que sí importa es que se hace un giro en pro de los habitantes de calle.

Como diría el presidente Santos: “sólo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstrancias” y tal vez tras la intervención en el Bronx y la situación actual de los habitantes de calle, la administración se movió a modular el tema de la evidencia científica porque, entre otras cosas, podría ser el distrito mismo quien la produce (digo yo) y a dejar de insistir en la posible obligatoriedad de tratamientos para adictos como estrategia de “control” de la situación.

Sin embargo, el marco legal que permitiría este tipo de salas depende de que pase un proyecto de ley y que, además, se reglamente e implemente. Es decir, puede no suceder en estos años que le quedan a la Alcaldía y, por tanto, el secretarío se habría mostrado favorable a una situación que podría no darse. Frente a esto me permito sugerirle a la administración algunos puntos que podrían tenerse en cuenta para ir avanzando:

1. Comenzar a revisar los lugares en donde podrían hacerse las salas -o la sala piloto-.

En Paris tomó años la negociación con la comunidad y el proceso de pedagogía que esto requiere. La mayoría de la gente no quiere que su barrio tenga una sala de estas pues, así como lo dijo el secretario, se relaciona crimen y droga por lo que en sus representaciones está la inseguridad que esto pueda causar. No se relaciona, prohibición y poco acceso, con el crímen y lo que un espacio de estos puede lograr en inclusión.

2. Insertar a  este proceso a los usuarios de dichas salas.

El evento de expertos de la FIP, Cesed y Elementa, organizaciones muy serias, le faltó tener en cuenta el punto de vista de los usuarios de dichas salas. Un principio básico de la reducción de daños y de la manera como nacen las salas, es el empoderamiento de los usuarios y de la construcción de programa de la mano con quienes las usarán. No desde el escritorio.

3. Hacer una declaración como la de las salas respecto a la no pretención de pedirle a la corte que module la sentencia según la cual se pueda obligar a ciertos adictos a internarse.

Esto choca a todas luces con la propuesta y no se entiende cómo puede darse unos mensajes tan contradictorios a los usuarios lo que afectaría los efectos de la implementación de las salas.

4. Reconstruir la confianza de los usuarios que, tras la intervención en el Bronx, se perdió incluso con los servicios de salud que, dicho sea de paso – ya que estamos dispuestos a revisar las políticas anteriores- deberían implementarse (versión reloaded mejorada) los CAMAD (así sea con otro nombre que no evoque a Petro).

5. Abrir espacios de veeduría de la policía que, a pesar de lo que diga el Secretario, sigue maltratando a los habitantes de calle y a muchos más ciudadanos sujetos de “perfilamiento” por parte de las autoridades.

No es compatible una sala de consumo supervisado con un enfoque de derechos humanos y una policía que maltrata a los habitantes de calle en el día a día: les impide la circulación por ciertas zonas, no permite la socialización ni entregarles comida.

6. Finalmente, el ex Alacalde Petro cuando intentó implementar esta misma idea no tenía un proyecto de ley concinándose en el congreso, así que debió acudir al nivel nacional, específicamente a la Fiscalía para tener salidas y un concepto que permitiera hacer una prueba piloto.

Ya que la Alcaldía está apoyando este tipo de iniciativas y tiene una relación tan estrecha con la Fiscalía, podría comenzar a explorar esta estrategia de tal manera que pueda acelerar el proceso que traerá mayor bienestar a los habitantes de calle de nuestra ciudad.

7. Hay que definir qué entiende por basuco (¿uno menos tóxico? ¿pasta base?) y en qué medida puede hacerse lo que propone y los recursos para dispensar.